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La diputada provincial María José Sanz presento un proyecto en la Cámara de Diputados solicitándole a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que establezca los medios necesarios para que los celulares y dispositivos de comunicación tecnológicos que permanecen en calidad de secuestrados en sede judicial, sean puestos a disposición de la Dirección General de Escuelas, con el objeto de ser distribuidos entre los estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La pandemia de Coronavirus (COVID-19) obligó a, entre otras medidas, suspender las clases presenciales, y llevó a la digitalización de los contenidos. En ese contexto, algunos estudiantes presentan dificultades a la hora de poder acceder a la nueva forma de escolaridad.

En algunos casos, la falta de medios económicos no les permite acceder a una computadora o a un celular para conectarse con estos contenidos.

“Es necesario adoptar medidas tendientes a garantizar la continuidad pedagógica de manera digital, y fortalecer la conectividad en aquellos sectores más vulnerables. Existen ocasiones donde los celulares secuestrados y dispositivos de comunicación tecnológicos no son reintegrados a sus titulares por varias razones”, detalló la Diputada a través de un comunicado.

“Entendemos que esos celulares que se encuentran en poder de la Justicia de la provincia de Mendoza, no identificados por sus propietarios, deben ser distribuidos equitativa y criteriosamente entre los alumnos en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizar el derecho al acceso a la Educación”, añadió

Sanz culminó destacando la “rápida y eficiente respuesta del Poder Judicial, y en particular del doctor Darío Bermejo, por haberse hecho eco de este proyecto y arbitrado los medios necesarios a fin de facilitar la entrega de estos celulares a Dirección General de Escuelas, en beneficio de la educación de los que menos tienen”.

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